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La Sala I del Máximo Tribunal Penal Federal, integrada por los jueces Mariano H. Borinsky y Javier Carbajo, escuchó esta semana los argumentos del fiscal Mario Villar, quien solicitó que la causa principal por corrupción en la AFA deje de estar bajo la jurisdicción del juez de Zárate-Campana y vuelva a un juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Marcelo Aguinsky.
En paralelo, la defensa de Luciano Pantanto y su madre, presuntos propietarios de la mansión de Pilar, presentó un pedido de recusación contra el fiscal Villar.
Por su parte, el juez de la Cámara del Crimen del fuero penal ordinario, Ignacio Rodríguez Varela, resolvió que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de decidir quién investigará a Javier Faroni, Érica Gillete, Claudio Tapia y Pablo Toviggino en relación con la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
La Cámara de Casación estará en condiciones de votar la próxima semana sobre qué juez tendrá competencia en la causa, tras maniobras del juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, que buscó mantener el caso en Zárate-Campana. Lugones fundamentó su postura en la posible mudanza de la sede de la AFA a Pilar, aunque esta aún no ha sido aprobada por la ARCA ni la Inspección General de Justicia. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, pretende gestionar bajo el control del gobernador Axel Kicillof para evitar rendir cuentas sobre sus controvertidos balances de los últimos seis años.
Desde hace más de un mes, la Cámara de Casación debate en qué juzgado quedará la causa abierta por la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino. La semana pasada, el tribunal rechazó la solicitud de inhibición y recusación presentada por la denunciante Elisa Carrió contra la jueza Ángela E. Ledesma.
Los jueces Borinsky y Carbajo aclararon que la recusación con causa es un mecanismo excepcional, de interpretación restrictiva y con supuestos taxativamente establecidos, aplicable sólo en casos extraordinarios. Subrayaron que su uso desplaza la competencia legal y altera el principio constitucional de juez natural. Además, señalaron que el pedido contra la jueza Ledesma fue realizado por una denunciante que no es parte en el proceso, lo que implica una falta de legitimación para avanzar con la pretensión.
El tribunal consideró que los motivos esgrimidos para apartar a la magistrada se basan en hipótesis conjeturales, sin respaldo en circunstancias objetivas que justifiquen un temor creíble de parcialidad. Por ello, concluyeron que las afirmaciones abstractas presentadas como causal para el apartamiento debían ser rechazadas, conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la independencia del Poder Judicial, que exige a los magistrados actuar con integridad, responsabilidad y compromiso, sin dejarse influir por sospechas infundadas.
De esta manera, el tribunal quedó integrado por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángela E. Ledesma, quienes deberán resolver sobre la competencia en la causa.
Finalmente, ante el pedido de recusación formulado por la defensa de Pantanto contra el fiscal general de la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, el tribunal dispuso, a través de su presidencia, dar intervención al fiscal conforme a los artículos 61 y 71 del Código Procesal Penal de la Nación.
